Ángel González Abad
ABC
Los políticos catalanes abordan mañana de nuevo los toros. Para los aficionados, un gran interrogante se cierne sobre el debate de las dos proposiciones presentadas por el Partido Popular y por Ciutadans. En la primera se pide una moratoria de tres años en la aplicación de la prohibición de las corridas de toros, la otra aboga por la revocación total de la abolición de la Fiesta. Las dos se sustentan en la situación de crisis económica que padecemos y en lo gravoso que sería para las arcas vacías de la Generalitat afrontar las indemnizaciones millonarias que se barajan. Que baraja la parte taurina, pues desde el Govern, y en boca de su portavoz, con unos miles de euros asunto solucionado.
Entre esos miles de euros que dice una voz del Ejecutivo catalán y los 450 millones que plantean los grupos políticos que apoyan la moratoria y el sector taurino, va un abismo. Un abismo que en cualquier caso debería cuantificarse cuanto antes.
Vuelven pues los toros al Parlament y no sé si eso es bueno o malo para quienes luchamos por que la Fiesta siga viva en una tierra en la que institucionalmente se reniega de ella. Vuelve la Fiesta al templo de libertades, al palacio de las voluntades, de los pactos, de los acuerdos, de las alianzas y de los arreglos también. Pero no sé si los representantes del pueblo catalán elegidos por el Partido Popular y por Ciutadans llegarán con los deberes cumplidos a este nuevo debate taurino.
Sobre la mesa solo nos mueve a la esperanza la condición lanzada por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, de no alcanzar ningún pacto político si no se revocaba la prohibición de las corridas de toros. Pacto con CiU no se ha firmado, pero pacto de hecho ha habido, quién lo duda.
Todo está en que se asuma o no una responsabilidad contraída con los aficionados en la mismísima plaza de toros Monumental. Aquello sí que fue un pacto. Ojalá que no se rompa.
