RTVE
Las corridas de toros han sido declaradas Patrimonio Cultural en toda España después de que el Pleno del Senado haya aprobado por mayoría el texto aceptado y tramitado por el Congreso, lo que supone el primer reconocimiento legal de la Fiesta en toda su historia. La propuesta, aprobada en el Congreso de los Diputados el 3 de octubre surgió de de una iniciativa legislativa popular respaldada por 600.000 firmas, ha salido adelante con 144 votos a favor, 26 en contra y 54 abstenciones, después de ser rechazadas por mayoría las cinco proposiciones de veto y las 57 enmiendas presentadas. La ley definitiva será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, lo que supone un hito en la historia de la tauromaquia, que por primera vez en cuatro siglos de existencia será regulada, fomentada y protegida por normativa legal.
El debate previo a la aprobación final de la ley taurina, en el que los distintos senadores llevaron a cabo sus respectivas comparecencias para defender las cinco propuestas de veto y las 57 enmiendas presentadas, ha dejado opiniones de todo tipo. El senador del PP, Sebastián Ruiz, defendió la tauromaquia como “arte nacional y popular por excelencia, base del desarrollo de la sociedad española con un importante impacto cultural e industrial, pues realza la economía española a base de generar empleo y riqueza, y que es sinónimo de biodiversidad y ecología”.
Para Ruiz el gobierno y las autonomías pueden establecer “concurrencia de competencias ordenadas” para la preservación de la cultura, que debe ser de acceso “libre” y que “jamás” debería ser objeto de prohibición. El senador del PSOE Jesús Martín censuró la iniciativa del gobierno “totalmente distante a la ILP inicial”, una ley “innecesaria” en los tiempos que corren, que pretende “posicionar a los españoles y enfrentarlos”, y por lo que su grupo político iba a mostrarse neutral basándose en el “vive y deja vivir”.
Todo basado en un discurso trufado de comparaciones muy taurinas pero de un contenido idéntico al de su homónimo socialista Enrique Abad, que dieron paso a la segunda intervención del grupo popular, Julián Lanzarote. Lanzarote hizo una defensa taurina basándose en la historia y en su valor cultural y económico, configurándose en un sector de “primera magnitud”, además de instar a la “libertad y libre ejercicio” de cada uno para “dictaminar el futuro de la Fiesta”. José Enrique Iglesias, de IU, criticó también la “profunda transformación” en el trámite parlamentario del texto inicial por parte del gobierno, con el que han llevado a cabo un “fraude político y legislativo” para convertir la tauromaquia en una figura “vacía de contenido a efectos jurídicos”. El senador de Izquierda Unida ha calificado la tauromaquia como “hecho reprobable” cuyo momento estelar fue “en la época franquista”, y con la que se busca una “provocación internacional” al tratar de llevarla a la Unesco.
En un tono similar abordó su exposición la senadora de ERC Ester Capella i Farré, quien definió la tauromaquia como “práctica en decadencia que nos devuelve a una sociedad salvaje y retrógrada que hace mucho daño a la marca España”, señaló. Capella i Farré añadió que con la entrada en vigor de esta nueva ley, España va a perder reputación en Europa, “que ven la tauromaquia con los mismos ojos con los que nosotros vemos en los informativos imágenes de lapidaciones en África”. Jordi Guillot, de ICV, compartió el mismo discurso antitaurino de crítica a una práctica “cruel y de otra época”, que nada tiene que ver con “los valores sociales y la ética ecológica actual”, que hace “daño” a la imagen de España, y con la que el gobierno ha pretendido iniciar “una guerra política e ideológica”.
José María Cazalis, senador de PNV, basó su veto en argumentos competenciales, ya que la fiesta de los toros, su organización, seguridad, defensa y fomento, “ya está regulada en el País Vasco” por lo que esta propuesta de ley, “innecesaria y sin razón de ser”, supone una “clara invasión competencial” por parte del gobierno hacia las autonomías. Mensaje que compartió el senador de CiU, Joan Baptista Bagué, quien, además de recalcar que esta iniciativa surgió como respuesta a lo aprobado en el Parlament catalán en 2010, indicó que con esta propuesta de ley “atenta” contra las competencias de las comunidades autónomas, que tienen potestad exclusiva en materia taurina, sin entrar en un debate mayor “de gustos o moralidades”.
Carles Martí, de Entesa, criticó la aprobación de una ley “inocua” con la que el gobierno pretende “defenderse de cualquier forma al no haber cumplido lo prometido”: la vuelta de los toros en Cataluña. El canario Narvay Quintero, de Coalición Canaria, defendió la postura de su grupo político en contra de la tauromaquia, una práctica “prohibida” en su comunidad, la cual celebró la última corrida hace “35 años”, y que, para ellos, “no es una práctica ni rentable ni cultural”.
